domingo, 31 de diciembre de 2017

Tus deseos para 2018

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FELIZ AÑO NUEVO 2018

2017 no ha ha sido un buen año para las personas con discapacidad en Argentina.
Para 2018 deseamos lo mejor con mucha paz, propseridad y felicidad.

 ¡FELIZ AÑO NUEVO!




sábado, 23 de diciembre de 2017

Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo




El éxito en esta vida, no está en vencer siempre. Sino en no darse por vencido nunca.
Personas con Discapacidad te desea  ¡¡ Feliz Navidad y Próspero Año Nuevo !!


Podes comentar para desear lo mejor para el año próximo.



miércoles, 20 de diciembre de 2017

Salió el Bono Compensación $ 375 para Pension no Contributiva.

El Gobierno sigue con sus engaños, recortan las pensiones no contributivas por 5811 $ por año y te compensan por ello con un bono de 375$ por única vez. Puedes ver la nota en http://www.personascondiscapacidad.com/2017/12/es-ley-recortan-5811-por-ano-las.html



Será de 750 pesos para los que cobran haberes de hasta 10 mil pesos y de 375 para pensiones no contributivas y asignaciones universales.


El Gobierno publicó anoche el bono con el que se compensará a jubilados, beneficiarios de pensiones no contributivas y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) la aplicación de la nueva fórmula de ajuste de los haberes de la seguridad social.

Según el decreto firmado por el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, al que se tuvo acceso, se trata de un "subsidio extraordinario" que se pagará por única vez en marzo y que tendrá un mínimo de 375 pesos y un máximo de 750 pesos, de acuerdo con el ingreso que reciba el ciudadano.


Artículo 1°.- Otórgase un subsidio extraordinario, por única vez, por un monto de pesos setecientos cincuenta ($ 750.-), a los beneficiarios de las prestaciones previstas en el artículo 17 de la Ley N° 24.241 y sus modificatorias y leyes anteriores previsionales, siempre que hubieren cumplido los extremos de edad y años de servicios exigidos por la ley vigente al tiempo de acceder al beneficio y cuyos haberes devengados al mes de marzo del 2018 sean inferiores a pesos diez mil ($ 10.000.-).

Artículo 2°.- Otórgase un subsidio extraordinario, por única vez, por un monto de pesos trescientos setenta y cinco ($ 375.-) a los beneficiarios de las prestaciones previstas en el artículo 17 de Ley N° 24.241 y sus modificatorias que hubieren accedido a ellas por aplicación de la Ley N° 24.476, modificada por el Decreto N° 1454/2005, por el artículo 6° de la Ley N° 25.994 o por la Ley N° 26.970, todas ellas con las modificaciones introducidas por los artículos 20, 21 y 22 de la Ley N° 27.260 y cuyos haberes devengados al mes de marzo del 2018 sean inferiores a pesos diez mil ($ 10.000.-).


Asimismo, tendrán derecho a la rcepción del subsidio extraordinario establecido en el presente artículo, los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor, dispuesta en el artículo 13 de la Ley N° 27.260.

Artículo 3°.- En el caso de beneficios por pensión, cualquiera sea el número de coparticipes, estos deberán ser considerados como un único titular a los efectos de determinar el derecho al subsidio extraordinario reconocido por los artículos 1° y 2°, percibiendo cada coparticipe el porcentaje que le corresponda.


Artículo 4°.- Otórgase un subsidio extraordinario, por única vez, por un monto de pesos trescientos setenta y cinco ($ 375.-) a los beneficiarios de las Prestaciones por Pensión No Contributiva por vejez o invalidez establecidas en el artículo 9° de la Ley N° 13.478.

Artículo 5°.- Otórgase un subsidio extraordinario por única vez y por un monto de pesos cuatrocientos ($ 400.-) a los titulares de la Asignación Universal por hijo para Protección Social y/o de la Asignación por Embarazo para Protección Social prevista en la Ley N° 24.714, sus normas complementarias y modificatorias.

Artículo 6°.- El pago del subsidio extraordinario establecido por los artículos precedentes, estará a cargo de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

Artículo 7°.- El pago del subsidio extraordinario establecido en los artículos anteriores será abonado por única vez en el mes de marzo del 2018 y no será susceptible de descuento alguno ni computable para ningún otro concepto.

martes, 19 de diciembre de 2017

Es ley: Recortan 5811 $ por año a las Pensiones no Contributivas (Personas con Discapacidad)

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD- MADRES DE 7 HIJOS - ADULTOS MAYORES.




(Gentileza de REDI- Dra. Varina Suleiman )

Tras haberse aprobado la reforma Previsional informamos:
La nueva fórmula de actualización de las jubilaciones derivará en menores aumentos para las personas que cobran pensiones no contributivas , cuyo valor equivale al 70% de una jubilación mínima 

Según establece la actual Ley de Movilidad Jubilatoria. Actualmente, la pensión no contributiva es de $5.072. Con la fórmula hoy vigente se obtendría en marzo un aumento de $736 mientras con la fórmula recientemente aprobada –sin el debido debate-se obtendrá un aumento de $289. 

Eso como consecuencia de que se modifica tanto el período de cálculo, pasa a ser trimestral en lugar de semestral.
Basicamente se cobrará 447 $ menos todos los meses hasta que se dé de baja el beneficio. En un año ,incluído el aguinaldo, cobrarás 5811 $ menos, sin contar las sucesivas actualizaciones.

sábado, 16 de diciembre de 2017

PAMI deja sin cobertura a Persona con Discapacidad.


Pablo Gabriel Gorospe nació con parálisis cerebral. Su familia asegura que el PAMI le cortó la prestación. Desde la obra social, en tanto, lo niegan.



Desde que tiene uso de razón, María Florencia ve a su hermano Pablo Gabriel en silla de ruedas. Tiene 44 años, vive en Mar del Plata y es el más grande de tres hermanos. Durante toda su vida, Pablo fue cuidado, estimulado y atendido por sus padres que con esfuerzo y dedicación lograron conseguir profesionales que lo acompañen en su proceso.



Según denuncian, el 30 de noviembre pasado un llamado de PAMI le informó a Nora, la mamá de Pablo que no iban a darle más la prestación ya que “no estaba postrado en una cama”.

Por eso, María Florencia decidió escribirle una carta al presidente Mauricio Macri para informarle sobre su situación y que interceda en los caso particulares.

“Señor Presidente Mauricio Macri. Me dirijo a Ud. con el fin de poder ser escuchada”, comienza su carta Florencia, la hermana de Pablo.

“En el año 99, fallece mi padre en un accidente automovilístico y nuestra vida da un giro inesperado, mi papá era las piernas de mi hermano. Pablo necesita de cuidados especiales. El 30 de Noviembre del corriente año, la llaman a mi mamá, de Pami seccional Mar del Plata, para informarle de una nueva disposición por la cual Pablo no contaría mas con los profesionales que hasta ahora lo asistían, por no estar postrado en una cama”, agrega.


La respuesta del PAMI



Desde el Instituto, en tanto, manifestaron que Pablo Gorospe mantiene a la fecha las prestaciones brindadas.
Según informaron, el afiliado "asiste a un centro de discapacidad de 9 a 16 horas todos los días y practica una actividad tres veces por semana en la UGL XI de Mar del Plata".
Asimismo, aseguraron que "desde PAMI Mar del Plata se informó a los familiares que el afiliado tiene cubiertas todas las prestaciones que corresponden a su condición (médico de cabecera, kinesiología en su domicilio de acuerdo a su tipo de patología) y que PAMI Mar del Plata está en contacto constante con la familia del afiliado".

MACRI quiere engañar con el bono de compensación. Te lo explicamos aquí.

Será la última opción que pondrá sobre la mesa el Presidente para convencer a los gobernadores y diputados peronistas para dar luz verde a la reforma previsional.



Reforma previsional: habría una compensación para quienes cobren menos de $ 10.000 y confirman la sesión del lunes
Ya lo había anticipado Elisa Carrió cuando dijo que los jubilados serán compensados tras bochar el DNU ya firmado por los ministros con la excepción de Mauricio Macri para sacar la reforma previsional después de la escandalosa y frustrada sesión de ayer. La moneda de cambio del Gobierno para convencer a los gobernadores y diputados es un bono compensación para la clase pasiva.




Macri se reunió con sus ministros para darle forma al anuncio. No sería una ley sino un decreto o un acto administrativo. El bono es para compensar la pérdida que sufrirán con el cambio de la fórmula para actualizar sus haberes. La actual se adecua en un 50% por la evolución de los salarios y un 50% por la recaudación. La del Gobierno, un 70% por inflación y un 30% por la suba de salarios formales (Ripte). Así en vez de 12%, los jubilados recibirán una suba del 5,7% por el trimestre de julio a septiembre de 2016.
Ahora el Gobierno intenta que los gobernadores se comprometan con sus diputados a levantar la mano el lunes próximo cuando, se estima, vuelvan a sesionar. El jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, dijo que "el gobierno actuó de buena fe" en el acuerdo fiscal firmado con los gobernadores, pero lamentó que no hubiera "metido adentro del acuerdo fiscal el tema previsional".
Después de la escandalosa y suspendida sesión del jueves, ayer hubo acuerdo y el lunes próximo la Cámara de Diputados volverá a reunirse para convertir en ley la polémica reforma previsional. La clave para desatar el nudo fue el compromiso del Gobierno de compensar a través de un bono el “desfase” que se producirá en marzo por la aplicación de la nueva fórmula para calcular los incrementos jubilatorios y de la AUH, respecto de la fórmula anterior. 




Será por única vez, se estima un promedio de 700 pesos para los jubilados de la mínima y luego seguirá rigiendo el cálculo que ajusta -en lugar de tomar la recaudación y la evolución de salarios como parámetros-, por la inflación (en un 70%) y por el índice Ripte de variación salarial (30%), que según los críticos de la reforma implicará menos plata en los bolsillos de los jubilados.

Todo esto constituye un engaño, y de nuevo hacia los que menos tienen.
El recorte que quieren hacer afectará todos los meses hasta que se termine tu vida.
Es decir quieren recortar 700 $ todos los meses. En el primer año seria 12 x 700 = 8400 $. En diez años será 84000 $ menos que vas a cobrar ¡¡¡ Y te quieren compensar con un bono que no llega a los 700$ por única vez ¡¡¡¡ Por favor ¡¡¡ Piensan que somos ignorantes ??? TE TOMAN EL PELO ¡¡¡








viernes, 8 de diciembre de 2017

Instructivo Reserva de Pasajes para Personas con Discapacidad



Instructivo Reserva de Pasajes para Personas con Discapacidad





EN BOLETERÍA - PRESENCIAL
Con certificado de discapacidad o CUD

Si posee un certificado de discapacidad vigente, tiene derecho a transportarse gratuitamente en servicios nacionales. Para acceder a este servicio, deberá presentarse en la boletería de la empresa por la que usted desea viajar con su certificado de discapacidad vigente y su documento de identidad. El trámite es personal, debe realizarse por lo menos 48 horas antes del viaje y es conveniente llevar un juego de fotocopias de la documentación referida.



Con credencial INCUCAI

Si posee una credencial del INCUCAI podrá presentarse en boletería y requerir el pasaje correspondiente. Si viaja con acompañante, deberá presentar certificado médico que lo autorice.



SOLICITUD DE RESERVA DE PASAJES VÍA WEB
Con certificado de discapacidad, CUD o credencial INCUCAI

Si usted posee un certificado CUD o una credencial del INCUCAI, tiene la posibilidad de reservar el pasaje a través de nuestra web.
El sistema le permitirá reservar pasajes para el beneficiario y su acompañante (para los casos que el mismo esté autorizado), tanto para el viaje de ida como de regreso. Una vez generada la solicitud con su respectivo número, deberá ir de manera presencial a la boletería de la empresa para transformar dicha solicitud en pasaje, estando la empresa obligada a otorgarle el/los boletos reservados. Si decidiera no viajar, le solicitamos ingresar al sistema para realizar la cancelación de la reserva, de esta manera se liberará el lugar para que sea utilizado por otra persona con discapacidad.

¿CÓMO INGRESAR AL SISTEMA PARA OBTENER LA SOLICITUD DE RESERVA DE PASAJES?

Ingrese AQUÍ y llene los campos requeridos. Tendrá la posibilidad de ver todos los servicios (común, común con aire y semi cama) disponibles para el destino elegido.


RECUERDE: Éste es un sistema de reserva, usted deberá presentarse en las boleterías correspondientes a partir del momento que generó la reserva y hasta 48 horas antes de realizar el viaje para emitir su pasaje. Es imprescindible llevar el número de código de solicitud.

El sistema permite la opción Versión con Alto Contraste para personas daltónicas y con visión reducida. Asimismo, está adaptado para ser utilizado con software lectores de pantalla en navegadores Google Chrome o Mozilla Firefox.




martes, 5 de diciembre de 2017

Escuchá al Presidente cuando te dijo que no te iba a sacar la ayuda.











domingo, 26 de noviembre de 2017

MACRI dejó sin bono de fin de año a las Personas con Discapacidad. En cambio dio el bono a Piqueteros

Macri dejó sin el bono de fin de año a las Personas con Discapacidad que son las más vulnerables de nuestra sociedad. El recorte del bono llegó tambien para AUH y PNC, Jubilados y Pensionados.



Tampoco habrá un plus salarial para los empleados públicos. Sin embargo, el Gobierno habría decidido que un sector sí cobrará el bono de fin de año. ¿De quién se trata?


Los que sí recibirán un plus salarial son las organizaciones sociales: será un pago por única vez de unos $ 2.200
En medio del pedido de mayor austeridad por parte del gobierno nacional, este año no habrá bono de fin de año para jubilados, empleados públicos y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Vale recordar que en 2016 se otorgó ese plus salarial para calmar los ánimos de la CGT por la ley antidespidos, que finalmente fue vetada. En esa oportunidad, el Gobierno desembolsó más de 5 mil millones de pesos para paliar las necesidades de más de 7 millones de beneficiarios, entre los casi 4 millones de chicos cuyos padres reciben la AUH y los más de 3 millones de jubilados y pensionados que cobran la mínima.
Sin embargo, desde la Casa Rosada consideran que este año es distinta la situación ya que “no hay caldo de cultivo para que haya problemas y la política lo sabe".

VIDEO: LEY DE SALUD MENTAL Macri habilitó el regreso de los manicomios







Medidas en contra de las personas con discapacidad - El gobierno pretende modificar la ley de Salud Mental.

La reglamentación de la Ley de Salud Mental desató una polémica
Un grupo de asociaciones, más la APA y la Escuela Lacaniana cuestionan un proyecto del Ministerio de Salud de la Nación. Dicen que modifica el espíritu original de la ley. La Asociación de Psiquiatras la apoya. La respuesta oficial.



El Ministerio de Salud de la Nación redactó un proyecto de reglamentación de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657 que genera polémica. Según algunos los especialistas, “es considerada en la actualidad la mejor ley de salud mental del mundo”. Más de 50 organizaciones, cátedras y asociaciones dedicadas al tema solicitaron que el Ejecutivo no firme ese decreto “por el que se pretende dar un giro rotundo en la política de salud mental”. Otros, como la Asociación de Psiquiatras Argentinos, "es un avance". Desde el Ministerio salieron a aclarar que el proyecto "es un borrador" y que la reforma está en debate.

“El Gobierno Nacional pretende modificar la Ley Nacional de Salud Mental mediante un decreto del Poder Ejecutivo, lo cual es una derogación encubierta de la misma. Esto significaría un grave retroceso en cuanto a la perspectiva de Derechos Humanos de la ley que protege a los usuarios de salud mental en nuestro país", dice un comunicado de más de 50 organizaciones.
Las organizaciones --entre las que están la Federación de Psicólogos de la República Argentina (FePRA), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM)-- resaltan los “puntos más preocupantes” del decreto: “Modifica la concepción de la salud mental como un proceso multideterminado por componentes históricos, socio económicos, culturales, biológicos y psicológicos, y reinstala el modelo médico hegemónico de perspectiva biologicista”. Afirma además que “reinstala el manicomio bajo el nombre de 'hospitales especializados en psiquiatría y salud mental' y admite el aislamiento pleno de personas a quienes vuelve a considerar 'enfermos' y habilita tratamientos en comunidades cerradas para las personas con consumo de drogas”.

Desde la Asociación de Psiquiatras afirman que la reglamentación en curso "es un avance que mejora aspectos de la ley, al dar precisiones indispensables que faltaban en el anterior instrumento; atiende al principio de congruencia normativa con otras leyes que regulan aspectos que atañen al campo de la Salud en general y de la Salud Mental en particular (derechos consagrados en nuestra legislación y en la legislación internacional, incumbencias profesionales, normativas de gestión, etc…) , de la cual no se aparta; facilita la práctica clínica relacionada con los derechos de los pacientes y su familia".

Y agrega que es "indispensable la pronta e inmediata implementación de la financiación del área, e instamos a la búsqueda de consensos para un desempeño mancomunado con todos los participantes del campo de la Salud Mental a fin de trabajar en conjunto y armónicamente, poniendo el objetivo principal en lo que es la misión de todos: la salud de nuestro pueblo".

Desde la Asociación Psicoanalítica Argentina y la Escuela de Orientación Lacaniana, criticaron tanto la ley sancionada como la propuesta de reglamentación: "Se trata de un modelo biomédico-tecnológico como perspectiva dominante. No obstante también consideramos que la Ley Nacional de Salud Mental por el acento puesto en los derechos humanos puede presentar desvíos que tienden a una judicialización de la práctica en desmedro de la clínica, entendemos que la reglamentación no sólo no corrige dichos desvíos sino que tampoco garantiza los derechos individuales".


“Este proyecto de reglamentación tiene problemas de forma y fondo --asegura por su parte Marisa Herrera, investigadora del CONICET--. Nunca un decreto reglamentario del Ejecutivo puede modificar una ley ”.

sábado, 18 de noviembre de 2017

El gobierno no dió marcha atrás con la baja de las pensiones por discapacidad pese a lo prometido.

El gobierno no dió marcha atrás con la baja de las pensiones por discapacidad pese a lo prometido.



La ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, afirmó que restablecerán las pensiones por invalidez suspendidas en "solo en aquellos casos donde se pudo haber cometido errores", intentando justificar que se han cometido muy pocos errores.



Las asociaciones que representan a las personas con discapacidad exigieron en carácter urgente dejar sin efecto las 83000 bajas de este año.
Pese a los reclamos el Gobierno no dió marcha atrás con la medida. El reclamo ha llegado a la Justicia, que en todos los casos falló a favor de los beneficiarios, ordenando la inmediata restitución de las pensiones dadas de baja. Sin embargo el Gobierno apeló todos los fallos, incumpliendo las órdenes de los jueces.
El Gobierno afirmaba que iban a hacer una minuciosa investigación caso por caso, esto se verificó en una pequeña porción, lográndose restituir algunas de las pensiones dadas de baja.
Fue inadmisible lo efectuado al realizar una baja masiva sin aviso previo a los beneficiarios, sin tomar en cuenta los daños que ocasionó a los beneficiarios dejándolos en un estado de indefensión total.
La ministra insistió en no dejar sin efecto la medida extrema e indicó que si eras beneficiario de una pensión no contributiva y fuiste dado de baja se podiá llamar al 0800 222 3294, pero aclaró que el tramite de restitución no es automático y está sujeto a revisión del organismo.
También era posible reclamar via el CAL (Centro de Atención Local) más cercano a tu domicilio.
Carolina Stanley intentó justificar en ese entonces el nuevo ajuste practicado sobre algunos de los sectores más vulnerables y consideró que "una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión, Puede trabajar si lo desean".
La funcionaria no sólo simplificó la problemática, ignoró las dificultades que encuentran las personas con síndrome de down para insertarse en el mundo laboral, obvia las condiciones desventajosas de contratación que suelen padecer y les carga a ellos, como si sólo se tratara de si lo desean o no, la posibilidad o no de trabajar.
El funcionario Badino por su parte siguió: "Dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes sino que tienen cierto grado de discapacidad.


Entre las causales de suspensión de una pensión por discapacidad el macrismo determinó que no podrán acceder a ellas:

- Aquella persona con discapacidad cuyo tutor responsable, cónyuge o consanguíneo obligado perciba un ingreso equivalente a tres jubilaciones mínimas, es decir, de 19.200 pesos por mes.

-Quienes tienen un bien a su nombre, como un auto. Independientemente que este sea indispensable para garantizar la movilidad del discapacitado.

- Aquella persona con discapacidad cuyo cónyuge cobre una pensión o jubilación, incluso la mínima de 6.377 pesos. Con este último monto, la norma a la que se ciñe Desarrollo Social considera que un discapacitado y su pareja pueden vivir sin caer en la pobreza.

miércoles, 15 de noviembre de 2017

INDIGNACION a pesar de haber ganado las elecciones: MACRI no dará el bono de fin de año para AUH, PNC, JUBILADOS y PENSIONADOS

El Presidente MACRI por medio de su Ministro descartó el bono de fin de año para los estatales nacionales



 El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo que "no está planteado" un plus salarial. Jubilados y beneficiarios de AUH tampoco lo recibirán. El beneficio será solamente para trabajadores de la economía popular.


El ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, indicó que "no está planteado" un bono de fin de año para los trabajadores estatales porque "la cláusula gatillo que se pactó en las paritarias de acuerdo a la inflación no lo hace necesaria".

La confirmación de que no habrá un pago extra –como exigían algunos gremios– fue realizada luego de la reunión de gabinete de hoy en Casa Rosada.

Triaca señaló que hay diferencias con la CGT en relación a las modificaciones en la ley de contrato de trabajo que impulsa el Gobierno y admitió que puede llegar a enviar al Congreso un proyecto que tenga algunos puntos "encapsulados".

"Vamos a priorizar el acuerdo, pero no descartamos el envío de un proyecto que tenga disidencias" con los gremios, dijo.

Esta mañana ya se había conocido la decisión del presidente Mauricio Macri de no otorgar un bono de fin de año para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo; sí para trabajadores de la economía popular.

El año pasado, el Gobierno desembolsó más de 5 mil millones de pesos para paliar las necesidades de más de 7 millones de beneficiarios.


Fue una situación especial, ya que el vínculo entre el Gobierno y los gremios había alcanzado momentos de extrema tensión, alimentado también por la oposición, que forzó a Macri a vetar la ley antidespidos.

Sin embargo, según consideran fuentes del Gobierno, "este año es distinto". "No hay caldo de cultivo para que haya problemas y la política lo sabe", indicaron según lo publicado por el diario Clarín.

"Ahora estamos hablando de cómo generar empleo de calidad y no de recomponer el poder adquisitivo como en 2016", explican.

Sí habrá un extra para las organizaciones sociales: será un pago por única vez de unos $ 2.200 que el Gobierno otorgará a los cerca de 400 mil trabajadores de la economía popular.

Esos $ 900 millones ya están contemplados en el Presupuesto que la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley debió justificar ante el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

El bono para las organizaciones sociales es un gesto hacia la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) para amortiguar reclamos, ya que en el universo de los trabajadores de la economía popular hay un porcentaje alto de beneficiarios de la AUH que este año no recibirán el adicional.

Por lo pronto, los movimientos sociales insistirán con un reclamo emblemático: buscan comprometer al Ejecutivo para que declare la Emergencia Alimentaria. Esa discusión, con desenlace incierto, comenzará esta semana: el viernes las organizaciones desembarcarán en Desarrollo Social.

martes, 14 de noviembre de 2017

CONFIRMADO: No habrá bono de fin de año para AHU, jubilidados ni pensionados.

El Presidente MACRI por medio de su Ministro descartó el bono de fin de año para los estatales nacionales



 El ministro de Trabajo, Jorge Triaca, dijo que "no está planteado" un plus salarial. Jubilados y beneficiarios de AUH tampoco lo recibirán. El beneficio será solamente para trabajadores de la economía popular.


El ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca, indicó que "no está planteado" un bono de fin de año para los trabajadores estatales porque "la cláusula gatillo que se pactó en las paritarias de acuerdo a la inflación no lo hace necesaria".

La confirmación de que no habrá un pago extra –como exigían algunos gremios– fue realizada luego de la reunión de gabinete de hoy en Casa Rosada.

Triaca señaló que hay diferencias con la CGT en relación a las modificaciones en la ley de contrato de trabajo que impulsa el Gobierno y admitió que puede llegar a enviar al Congreso un proyecto que tenga algunos puntos "encapsulados".

"Vamos a priorizar el acuerdo, pero no descartamos el envío de un proyecto que tenga disidencias" con los gremios, dijo.

Esta mañana ya se había conocido la decisión del presidente Mauricio Macri de no otorgar un bono de fin de año para jubilados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo; sí para trabajadores de la economía popular.

El año pasado, el Gobierno desembolsó más de 5 mil millones de pesos para paliar las necesidades de más de 7 millones de beneficiarios.


Fue una situación especial, ya que el vínculo entre el Gobierno y los gremios había alcanzado momentos de extrema tensión, alimentado también por la oposición, que forzó a Macri a vetar la ley antidespidos.

Sin embargo, según consideran fuentes del Gobierno, "este año es distinto". "No hay caldo de cultivo para que haya problemas y la política lo sabe", indicaron según lo publicado por el diario Clarín.

"Ahora estamos hablando de cómo generar empleo de calidad y no de recomponer el poder adquisitivo como en 2016", explican.

Sí habrá un extra para las organizaciones sociales: será un pago por única vez de unos $ 2.200 que el Gobierno otorgará a los cerca de 400 mil trabajadores de la economía popular.

Esos $ 900 millones ya están contemplados en el Presupuesto que la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley debió justificar ante el vicejefe de Gabinete, Mario Quintana.

El bono para las organizaciones sociales es un gesto hacia la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Barrios de Pie y la Corriente Clasista y Combativa (CCC) para amortiguar reclamos, ya que en el universo de los trabajadores de la economía popular hay un porcentaje alto de beneficiarios de la AUH que este año no recibirán el adicional.

Por lo pronto, los movimientos sociales insistirán con un reclamo emblemático: buscan comprometer al Ejecutivo para que declare la Emergencia Alimentaria. Esa discusión, con desenlace incierto, comenzará esta semana: el viernes las organizaciones desembarcarán en Desarrollo Social.

sábado, 11 de noviembre de 2017

Sin Bono de fin de año para personas con discapacidad. (PNC)

El gobierno estaría preparando un bono de fin de año para AHU.



El periodista Pablo Duggan informó que el Gobierno de Mauricio Macri planea efectuar el pago de un Bono de Fin de Año 2017 de 2200 pesos para Planes Sociales, lo cual incluye la Asignación Universal por Hijo (AUH). Es importante tener en cuenta que esta noticia aún no ha sido confirmada por la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS), organismo previsional encargado de abonar dichas prestaciones. Lamentablemente como ya es costumbre de este gobierno, dejaría sin el bono a las personas con discapacidad, como ya lo hizo el año pasado.
Las organizaciones que respaldan los derechos de las personas con discapacidad ya manifestaron su repudio. Incluso siguen en la lucha de recuperar las pensiones que fueron dadas de baja injustamente.


Se aseguró que el pago del plus de 2200 pesos a los planes será efectuado por el Estado Nacional con la finalidad de que no se realicen cortes de calles por parte de las organizaciones sociales.

Esta información aún no fue confirmada por ANSES ni ningún otro organismo estatal. Por lo cual es necesario aguardar a que algún funcionario haga el anuncio de forma oficial para que se confirme el pago del bono de fin de año.

El año pasado, ANSES ha pagado un plus navideño a los jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) con el haber mínimo; titulares de la Asignación Universal pro Hijo y por Embarazo para la Protección Social; y excombatientes de la Guerra de Malvinas. Dejando sin el bono a las pensiones no contributivas. (Personas con discapacidad, adultos mayores, madres de 7 hijos)
El mismo había sido abonado junto con la prestación del mes de diciembre.


Para los titulares de haberes previsionales, el plus fue de 1000 pesos. En el caso de la AUH, el mismo había sido de 1000 pesos para el primer hijo y 250 pesos por cada hijo adicional contando con el límite de cinco.

viernes, 27 de octubre de 2017

El Gobierno Nacional NO devuelve las Pensiones que les quitó a las Personas con Discapacidad

Piden a Nación que restablezca las pensiones no contributivas suspendidas o eliminadas



La diputada justicialista Viviana Damilano Grivarello, pidió al Ejecutivo Nacional que cumpla con la orden judicial de restablecer las pensiones no contributivas que fueron suspendidas o eliminadas. Lo hizo a través del proyecto de resolución 5075, en el que también expresa su profunda preocupación “por la falta de respuestas y voluntad política” del Gobierno nacional.



La diputada justicialista Viviana Damilano Grivarello ingresó el proyecto de resolución 5075/17 donde expresa “profunda preocupación por la falta de respuestas y voluntad política del Ejecutivo Nacional, ante la intimación a que en un plazo máximo de 10 días cumpla con la cautelar dispuesta por la Justicia que ordena restablecer las pensiones no contributivas suspendidas o eliminadas bajo apercibimiento de aplicar sanciones monetarias contra el deudor que demora el cumplimiento de una orden judicial”.

Aseguró que el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación fue notificado de la Resolución del Juzgado de Seguridad Social, que impone la ejecución de la orden considerando el muy elevado número de personas involucradas y su estado de vulnerabilidad, lo que “impone atención inmediata”. Por lo que solicita al Ejecutivo Nacional, “cumpla a la mayor brevedad con lo exigido oportunamente por la Justicia”.



En los fundamentos esgrimidos por Damilano Grivarello consigna que “la ministra Carolina Stanley había asegurado que había revisado la anulación de más de 126 mil pensiones por invalidez. Apenas 10 mil fueron devueltas. Ahora la Justicia le exige dejar sin efecto la purga en un plazo máximo de diez días”. “El Ministerio de Desarrollo Social fue intimado a que en un plazo máximo de diez días cumpla con la cautelar que ordena restablecer las pensiones no contributivas suspendidas o eliminadas bajo apercibimiento de aplicar “astreintes”.

La cartera que conduce Carolina Stanley fue notificada este miércoles de la resolución de la jueza de la Seguridad Social, Adriana Cammarata, que impuso la ejecución de la orden. La decisión se conoce luego de que la Cámara de Apelaciones no diese lugar a las acciones dilatorias que presentó el Gobierno Nacional para evitar el reestablecimiento de las pensiones por invalidez y diese traslado al caso al tribunal ordinario. Hasta el momento, la cartera de Desarrollo sólo restituyó 9728 prestaciones por invalidez sobre más de 126.000 canceladas.

En el fallo de Cammarata se incluyen también las pensiones que se dieron de baja por no presentarse a percibirlas en un plazo de tres meses. En muchos casos el Gobierno aprovechó estas ausencias para eliminar la cobertura, aunque tenga que ver con la imposibilidad de hacerse presentes por los mismos problemas de salud por los cuales reciben la asignación por invalidez.

Desde febrero del año pasado el Ministerio que encabeza Stanley inició una “depuración” de las plantillas de pensiones por invalidez, que en la práctica implicó la eliminación y suspensión de ese beneficio sin ningún tipo de instancia previa para que el beneficiario hiciese su descargo. Este año esa purga se aceleró. Sólo en el primer semestre hubo 52.491 pensiones por invalidez suspendidas y 19.215 dadas de baja, que se suman a las del año pasado, dando un total de más de 126 mil, según la Fundación Soberanía Sanitaria. Los abogados de Desarrollo hicieron grandes esfuerzos para dilatar las decisiones de los jueces de primera instancia y apelaron todos y cada uno de los fallos, pese a que públicamente Stanley había prometido que se reestablecerían todas las asignaciones que fueron dadas de baja de forma arbitraria.

Fuente: http://www.chacodiapordia.com/2017/10/26/piden-a-nacion-que-restablezca-las-pensiones-no-contributivas-suspendidas-o-eliminadas/

sábado, 23 de septiembre de 2017

Fallo Ejemplar: Justicia Obliga al Gobierno a RESTITUIR las PENSIONES por Discapacidad que fueron dadas de BAJA

La Cámara Federal de la Seguridad Social ordenó al Ministerio de Desarrollo Social restituir las pensiones no contributivas por invalidez que fueron dadas de baja a nivel nacional por esa cartera en el último año y medio.




 La decisión de este tribunal se basa en el amparo colectivo que presentó la Asociación REDI (Red por Personas con Discapacidad) y que había sido otorgado por el Juzgado Federal de la Seguridad Social Número 8. En esa primera sentencia se intimaba a la cartera que conduce Carolina Stanley a que devuelva las pensiones de manera “inmediata”. El Gobierno apeló esa decisión y buscó dejar sin efecto la medida aduciendo que se trata de una cuestión “abstracta”, porque había devuelto 9728 pensiones, aunque el universo de bajas que estima REDI alcanza a más de 170 mil, y cuestionaba la representatividad de la Asociación. La decisión de la Cámara, que firman los camaristas Nora Carmen Dorado y Luis René Herrero, revierte el efecto suspensivo que había logrado Stanley mediante la apelación y vuelve a quedar vigente la obligación de reponer ese derecho a los beneficiarios por discapacidad hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo, como la representatividad de REDI. Los alcanzados por el recorte deberán solicitar la reposición de la pensión.





La cautelar presentada por la Asociación REDI había sido otorgada por la jueza Adriana Camaratta, quien una semana después también dio lugar a la apelación del Ministerio de Desarrollo Social con efecto suspensivo sobre su propia orden de que se reestablezcan las pensiones. Este efecto suspensivo implicó dejar sin protección durante el debido proceso judicial a los beneficiarios de las pensiones por invalidez, ya que quedaba abierto el plazo hasta que se expida la Cámara sobre la cuestión de fondo. Ante la posibilidad de que haya habido presiones sobre Camaratta, la Asociación REDI aceleró el proceso en segunda instancia, pero previamente Desarrollo hizo una presentación para evitar que ese tribunal tome el caso, con el fin de ganar tiempo hasta octubre.

“El recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la resolución que hizo lugar a la medida cautelar fue concedido con efecto suspensivo. Es decir que su cumplimiento efectivo quedaría supeditado al dictado de la resolución del último tribunal con posibilidad de conocer en los recursos articulados por las partes (esto es, la Corte Suprema de Justicia de la Nación). Tal eventualidad entrañaría el más absoluto desamparo de los derechos alimentarios e irrenunciables que la medida cautelar despachada en autos procura salvaguardar”, señala el fallo que firman dos de los tres camaristas, ya que “Emilio Fernández no firma por hallarse en uso de licencicia".




En la presentación de REDI se hace hincapié en la “vileza de que se tome el tema en clave electoral”. Sin embargo, mientras que Stanley había prometido que se repondrían las pensiones, utilizó todos los mecanismos necesarios para dilatar ese compromiso. Tras la apelación, el abogado en representación del Ministerio de Desarrollo Social, Patricio Martínez, le envió a la Cámara un escrito en el que intenta convencer al tribunal de segunda instancia de que la causa se ha devenido abstracta porque ya se habían rehabilitados las pensiones previo al fallo original. Para argumentar que hubo restitución de ese derecho, se adosaron dos listados que enumeran 9728 pensiones rehabilitadas, un 7,7 por ciento del total que se había dado de baja, que REDI estima en 170 mil, de los cuales el 72 por ciento son por incapacidad. A esa situación se sumó que el Gobierno se niega a dar las cifras de bajas.

jueves, 21 de septiembre de 2017

ONU: Michetti manifiesta “profundo compromiso” con las personas con discapacidad, aunque las pensiones siguen sin ser restituidas

Al mismo tiempo que el Gobierno apeló y frenó el fallo que lo obligaba a restablecer las pensiones por invalidez, la vicepresidenta Gabriela Michetti manifestó durante su exposición en la Asamblea de Naciones Unidas un “profundo compromiso” con las personas con discapacidad.



“Nuestro Gobierno ha puesto especial énfasis en los compromisos asumidos con la comunidad internacional en el marco de la convención sobre los derechos de las personas con discapacidad incorporada con rango consitucional en 2014”, expresó Michetti desde la tribuna internacional de la ONU.



“Quiero expresar en este ámbito, el profundo compromiso quie el presidente Macri y yo tenemos en transformar la mirada que aún es distorsionada en nuestra cultura sobre la discapacidad”, agregó tras mencionar la creación de una agencia nacional “abocada a la coordinación de las políticas para las personas con discapacidad”.

“La nuestra debería ser, en definitiva, una obra de amor”, indicó en otro tramo de su discurso.

En el plano local, el Gobierno apeló la orden de la Justicia de reponer las pensiones por invalidez que había quitado “por error administrativo”.

Pese a que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, había asegurado que daría de alta la pensión a todos los que habían sufrido la suspensión o eliminación, más de cien mil titulares siguen sin recibir la prestación.

Según datos de Fundación Soberanía Sanitaria, la cifra ascendía a más de 175 mil.

“La apelación es una clara demostración de la falta de voluntad política de cumplir con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad que, bajo el modelo social de discapacidad, reconoce el derecho a la protección social y a la vida autónoma (art. 28 y 19)”, comunicó la Asociación REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad) -que presentó la apelación antes mencionada- luego de conocerse la medida judicial.

Ana Dones, miembro de la Comisión Directiva de REDI aseguró que “esto demuestra claramente la intención política del gobierno de terminar con las pensiones no contributivas, con el nuevo plan de discapacidad y la nueva agencia que acaban de realizar. Esto va a ser una tragedia para las personas con discapacidad”.



Detalló que “es una decisión política, acá hay una medida perversa de llevar a este colectivo a la situación más terrible de no sobrevivencia”.

“Por ejemplo, hoy una persona con audífonos tiene certificado de discapacidad; mañana no lo va a tener. Hoy una persona que le falta un ojo tiene certificado de discapacidad, mañana no lo va a tener”, subrayó.

Y denunció: “Están yendo por el grupo más vulnerable que existe”.

“Ante un mercado capitalista feroz como hoy hay, el solo pensar que un empresario va a tomar a una persona para trabajar, la cual sospecha que le va a traer problema, es ridículo. No se dan cuenta que están incumpliendo con la ley mayor que es la Convención que Argentina ratificó y le dio rango constitucional, o sea, es incumplir con la Constitución, pero a esta gente no le importa nada”, finalizó Dones.

jueves, 14 de septiembre de 2017

El Gobierno no quiere restituir las pensiones que les quitó a las personas con discapacidad.


El Gobierno frenó el fallo que lo obligaba a restablecer las pensiones por invalidez



Tras el contundente rechazo que generó la baja de 170 mil pensiones, el Gobierno había prometido restablecer ese derecho, aunque todavía había más de 100 mil casos en los que no había sucedido a pesar del fallo de la Justicia a favor de los damnificados. Sin embargo, el Ejecutivo apeló a la determinación y consiguió no tener que pagarlas. 
El Ejecutivo apeló la medida cautelar dictada a nivel nacional a favor de los perjudicados por el recorte de las pensiones por invalidez, que obligaba al Gobierno a restituir ese derecho de manera inmediata.

A pesar de que la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, había asegurado que se trataba de un "error administrativo" y que daría de alta el beneficio a todos los que habían sufrido la suspensión o eliminación, más de cien mil personas siguen sin recibir la prestación. 

Esta vez, el Gobierno apeló a la orden de la justicia de reponer los pagos de las pensiones. Por su parte, la jueza Adriana Camaratta, titular del Tribunal Nº 8 del juzgado de la Seguridad Social, otorgó la apelación con efecto suspensivo, por lo que ña cautelar no se aplica hasta tanto el tema se trate en la Cámara de Apelaciones.

Desarrollo Social restableció hasta el momento la mayoría de las pensiones suspendidas este año, pero dejó sin reponer las quitadas en 2016. Según informaron desde la propia cartera que conduce Stanley a través de un comunicado, el año pasado se eliminaron 90.000 pensiones no contributivas.

Según informaron desde la Fundación Soberanía Sanitaria, con la aceleración del proceso de eliminación y suspensión desde comienzos de 2017, la cifra ascendía a más de 175 mil, de los cuales el 72 por ciento corresponde a casos por invalidez, quienes además deben afrontar gastos de salud y sanitarios de hasta 40.000 pesos mensuales. 
Además, al darse de baja o suspenderse ese ingreso, también se interrumpen los planes de cobertura que brinda el Ministerio de Salud, tales como tratamientos de diálisis para las personas con insuficiencia renal crónica y farmacológicos inmunosupresores para pacientes trasplantados.

El Juzgado Federal de la Seguridad Social Nº 8, a cargo de la jueza Camaratta, había dado lugar a un pedido efectuado por la Red de Personas con Discapacidad (Asociación REDI) y ordenó al Ministerio de Desarrollo Social el restablecimiento de las pensiones de forma “inmediata”, en aquellos casos en que hubieran sido suspendidas “sin mediar resolución fundada previa”.

“Había sido un fallo ejemplificador y bajo duros términos, por lo que no entendemos que ahora acepte la apelación con carácter suspensivo sobre la cautelar”, explicó a Página 12 la abogada de REDI, Varina Suleiman. La apelación era esperada por los abogados de REDI, pese a que Stanley insistió en que se daría marcha atrás con el recorte de pensiones por invalidez, aunque lo más indignante fue la determinación de que se suspenda la cobertura legal a los damnificados hasta que la Cámara decida sobre el tema.


domingo, 10 de septiembre de 2017

Atención Justicia Ordenó Restituir las 83000 PENSIONES dadas de BAJA por MACRI



La Justicia Federal ordenó al gobierno que restablezca “en forma inmediata” las pensiones por discapacidad que habían sido dadas de baja y que afectaron este año a 83.000 personas. Además, dispuso que el Ministerio de Desarrollo Social, organismo responsable, “se abstenga de interrumpir los pagos de dichos beneficios”. La medida cautelar que dictó la jueza federal de seguridad social Adriana Cammarata es de carácter colectivo, tiene alcance nacional a excepción de la ciudad de Viedma, donde se dictó una medida similar, y tendrá vigencia hasta que se dicte sentencia definitiva. La abogada de la asociación Red por los derechos de las personas con discapacidad (REDI) que presentó el amparo, Varina Suleiman, que “tienen que restituir todas las pensiones. Y si son consecuentes con la idea que tienen de lanzar un Plan de Discapacidad, no deberían apelar la medida”, remarcó. En paralelo, el gobierno lanzó la Agencia Nacional de Discapacidad.
Desde la asunción de Cambiemos, el Ministerio de Desarrollo Social que conduce Carolina Stanley comenzó a dar de baja pensiones no contributivas por invalidez valiéndose de un decreto del menemismo de 1997. En junio de este año, los recortes generaron una ola de repudios que se visibilizó durante una masiva marcha en el obelisco, donde personas con discapacidad y organizaciones que las representan reclamaron contra la política discriminadora del ministerio, que finalmente dio marcha atrás con la medida, aunque de manera parcial. A la mayoría de los afectados no le fueron devueltos sus beneficios.

La resolución de Cammarata, del juzgado federal de la seguridad social Nº 8, establece que se “restablezca el pago de las prestaciones no contributivas por incapacidad otorgadas a las personas con discapacidad residentes en todo el territorio de la República Argentina que fueron dadas de baja o suspendidas sin mediar resolución fundada previa en un proceso que garantice el debido proceso”, que incluye “el derecho a ser oído, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión fundada; o, dictado que hubiese sido, no se hubiese notificado”.
La magistrada también deja constancia de que la medida no alcanza a los titulares del beneficio que “hubiesen renunciado expresamente” ya que la Asociación “no puede invocar un derecho contrario al ejercido individualmente por algún integrante del colectivo; y aunque parezca obvio expresarlo, a los fallecidos”.

La jueza ponderó el “carácter alimentario” de las pensiones “cuyas suspensiones o bajas habrían sido decididas sin previo acto administrativo ni observancia del debido proceso adjetivo” y esa determinación “podría importar la pérdida de prestaciones médicas, farmacológicas y análogas” según el Programa Federal de Salud.

Y dispuso que “una vez firme la presente en lo relativo a la incompetencia planteada, se proceda por Secretaría a efectuar la correspondiente inscripción en el Registro Público de Procesos Colectivos implementado por la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

Suleiman explicó que el fallo permite que cualquier persona a la que no le hayan restituido su pensión, en cualquier parte del país, se puede presentar bajo este amparo y reclamar su reintegro. “Sólo quedó excluido Viedma porque tiene un juicio iniciado”.

Además, la letrada explicó que “la resolución se aparta de la ley de Medidas Cautelares contra el Estado (26.854) que establece una vigencia de seis meses. La jueza dispuso que el alcance temporario de la cautelar es por tiempo indeterminado, hasta que se dicte la sentencia definitiva, porque tuvo en cuenta la vulnerabilidad del grupo afectado”.

Como el Estado había pedido que se declarara la incompetencia, rechazada por Cammarata, la abogada de REDI advirtió que “es posible que apelen la medida. Eso es una decisión política. Pero sería una incoherencia que un gobierno que dice que va a lanzar un Plan de Discapacidad apele. Demostraría una intención sólo discursiva de satisfacer derechos. Y mostraría una brecha muy grande entre la palabra y la acción. Esperamos que no apelen y que terminen de enmendar el error”, evaluó la abogada.

Suleiman recordó que los recortes que implementó Desarrollo Social “no respetaron la autonomía de las personas. Utilizaron requisitos viejos a la Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”, y detalló que “cuando entrecruzaron datos, si identificaban que un pariente tenía un auto o algún ingreso daban de baja la pensión”.

El gobierno anterior, a través de distintos programas, había elevado de 350 mil pensiones no contributivas que había en 2003 a 1,6 millones a fines de 2015. Desde la asunción de Cambiemos, la cartera de Desarrollo Social suspendió y eliminó más de 175 mil pensiones no contributivas, de las cuales el 72 por ciento corresponden a coberturas por invalidez. Con el decreto menemista en la mano retiraron pensiones según las condiciones que establecía esa norma: la titularidad de un automóvil que generalmente tiene permiso por discapacidad; o cuando el cónyuge tiene algún beneficio previsional actual; algún ingreso propio o no alcanza 76 por ciento de incapacidad para el acceso a la pensión. Tras la manifestación de personas discapacitadas en el Obelisco el 15 de junio, el gobierno dio marcha atrás y restituyó algunas pensiones.

Pese a no restituir las pensiones por discapacidad, MACRI creó la Agencia Nacional de Discapacidad

El Gobierno puso en marcha la Agencia Nacional de Discapacidad, un organismo que funcionará en el ámbito la Secretaría General de Presidencia y concentrará las políticas destinadas a las personas con discapacidad así como el manejo de asignaciones de determinadas pensiones no contributivas.


La medida se adoptó luego de que la administración nacional expulsara de a Guillermo Badino de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Se trata del funcionario que avanzó con el recorte de subsidios por invalidez, una decisión que Cambiemos respaldó bajo el argumento de que durante el kirchnerismo los beneficios crecieron en forma discrecional.
A través del decreto 698/2017, que fue publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Ejecutivo detalló que la nueva agencia "tendrá a su cargo el diseño, coordinación y ejecución general de las políticas públicas en materia de discapacidad, la elaboración y ejecución de acciones tendientes a promover el pleno ejercicio de los derechos de las personas en situación de discapacidad".

Además, señala que entre sus atribuciones se encuentra "la conducción del proceso de otorgamiento de las pensiones por invalidez y las emergentes de las Leyes N° 25.869 y N° 26.928 en todo el territorio nacional".
"Resulta necesario centralizar en un único organismo especializado todas las cuestiones vinculadas a las personas en situación de discapacidad, propiciando un conjunto de políticas públicas tendientes a la plena inclusión, en un marco de accesibilidad universal, autonomía e igualdad de oportunidades", remarcó el Gobierno en los fundamentos.


La agencia asumirá, entonces, las funciones que hasta ahora desempeñaba la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Dispacidad (Conadis) y la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. Ambos cuerpos fueron eliminados hoy por el Gobierno, que además le quitó al Ministerio de Desarrollo Social la competencia de trabajar en políticas orientadas al desarrollo de personas con discapacidad.


La conducción de la Agencia Nacional de Discapacidad estará a cargo de un Director Ejecutivo, con rango y jerarquía de Secretario, y un Subdirector Ejecutivo, con rango y jerarquía de Subsecretario. Ambos serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional. El texto oficial aclara que el organismo "tendrá autarquía económico financiera y personería jurídica propia".

Fuente: http://www.infobae.com/politica/2017/09/06/el-gobierno-creo-un-organismo-para-manejar-las-pensiones-por-discapacidad/


jueves, 24 de agosto de 2017

QUITA de PENSIONES: MACRI dezplazó al funcionario que avanzó con la quita de pensiones por invalidez


Tras haberse filtrado información acerca de que el Ministerio de Desarrollo Social prepararía otra modificación de las condiciones para otorgar pensiones por invalidez que dejaría sin prestación a las personas que no sean consideradas estrictamente discapacitadas, como aquellas que padecen cáncer, HIV, diabetes o chagas, enfermedades que si bien afectan su inserción en el mercado laboral, no les permiten acceder a ese certificado. Se vería reflejado en otra nueva baja masiva en pensiones por invalidez.



En torno a lo sucedido desplazan al funcionario que avanzó con la quita de pensiones por invalidez.
Se trata de Guillermo Badino. El manejo del área quedará a cargo de la vicepresidenta Gabriela Michetti.

"Una persona con síndrome de Down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara". El autor de esta frase fue Guillermo Badino, presidente de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales. La dijo a Clarín, meses atrás, al intentar explicar el criterio que su repartición había tenido en cuenta a la hora de dar de baja pensiones por discapacidad, lo que generó un escándalo en la previa de la campaña que forzó al Gobierno a dar marcha atrás. Ahora, pasadas las PASO y con aquella experiencia, el Presidente, en su versión más dura, no quiere que se repitan errores antes de las generales de octubre.


Así, en los próximos días, a través del Boletín Oficial, se oficializará la disolución del área que hoy depende de Badino. Y las pensiones no contributivas por invalidez, con sus fondos y estructura, quedarán a cargo de la vicepresidenta Gabriela Michetti, quien lidera por instrucción de Macri el Plan Nacional de Discapacidad. La idea es aglutinar las más de un millón de pensiones por invalidez que se otorgan junto a todas las medidas para el sector, bajo una sola cabeza, para moldear una política de Estado.Como el cargo de vicepresidente en Argentina no posee estructura, por una cuestión formal quedará bajo la órbita presidencial, en la Secretaría General que dirige Fernando de Andreis. Aunque en la práctica, no hay interna: será Michetti quien manejará el área. La vice fue una de las que, en plena polémica, no dudo en afirmar que Badino, como responsable del "error", debía "retirarse".

Te puede interesar la noticia relacionada: (Macri prepara otra baja masiva en Pensiones por invalidez) http://www.personascondiscapacidad.com/2017/08/macri-prepara-otra-baja-masiva-de.html


El recorte alcanzó a 70 mil beneficiarios y la ministra de Desarrollo Social Carolina Stanley revirtió la medida ante las repercusiones de la decisión. Badino justificó la medida diciendo que “dimos de baja pensiones a personas que no son inválidos totales y permanentes, sino que tienen cierto grado de discapacidad”, y además estimó: “Una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión. Puede trabajar si lo deseara, quizás le pueda caber la asignación universal por hijo”.
Al mismo tiempo se excusó sobre el no aviso a los beneficiarios y dijo que “no tenemos los teléfonos de todos y no es efectiva la comunicación por carta”.


Fuente: https://www.clarin.com/politica/desplazan-funcionario-avanzo-quita-pensiones-invalidez_0_HyRW7voOW.html

http://www.eltribuno.info/salta/nota/2017-8-24-7-10-25-el-gobierno-echo-al-funcionario-que-recorto-las-pensiones-a-discapacitados


lunes, 21 de agosto de 2017

PAMI: Redujeron la cobertura de medicamentos


¿CÓMO ES LA COBERTURA DE MEDICAMENTOS DE PAMI PARA TODOS SUS AFILIADOS?




50% de descuento para los medicamentos para patologías agudas.
50% a 80% de descuento para los medicamentos para patologías crónicas.
100% de descuento para hipoglucemiantes, insulina y tiras reactivas.
100% de descuento para medicamentos oncológicos, HIV y otros tratamientos especiales.
100% de descuento para medicamentos para afiliados con discapacidad.
Subsidio Social para medicamentos ambulatorios.

¿A QUIÉN ESTÁ DESTINADO EL SUBSIDIO SOCIAL?

A los afiliados que por razones de vulnerabilidad social no pueden pagar sus medicamentos ambulatorios con descuento, PAMI les brinda un Subsidio Social que cubre el costo de los medicamentos al 100%.


¿CUÁLES SON LOS REQUISITOS PARA QUE LOS AFILIADOS PUEDAN SOLICITAR Y/O RENOVAR EL SUBSIDIO SOCIAL?
Tener un ingreso menor o igual a 1,5 haberes previsionales mínimos.
No estar afiliados a un sistema de medicina prepaga.
No ser propietario de más de un inmueble, ni poseer un auto de menos de 10 años, aeronaves o embarcaciones de lujo.

¿QUÉ PASA CUANDO UN AFILIADO NO CUMPLE LOS REQUISITOS PARA EL SUBSIDIO SOCIAL Y AUN ASÍ TIENE DIFICULTADES PARA COMPRAR SUS MEDICAMENTOS?



Si el afiliado no cumple con los requisitos para acceder el Subsidio Social, pero gasta el 5% o más de sus ingresos en medicamentos, puede solicitar la vía de excepción en la agencia o UGL.


TODOS LOS AFILIADOS CONTINUARÁN RECIBIENDO DESCUENTOS DE HASTA UN 80% EN SUS MEDICAMENTOS.
TODOS LOS AFILIADOS QUE NECESITAN EL SUBSIDIO SOCIAL LO SEGUIRÁN RECIBIENDO.

domingo, 20 de agosto de 2017

MACRI prepara otra BAJA MASIVA de PENSIONES para después de Octubre


El Ministerio de Desarrollo Social prepara una modificación de las condiciones para otorgar pensiones por invalidez que dejaría sin prestación a las personas que no sean consideradas estrictamente discapacitadas, como aquellas que padecen cáncer, HIV, diabetes o chagas, enfermedades que si bien afectan su inserción en el mercado laboral, no les permiten acceder a ese certificado. La resolución está a la firma de la titular de esa cartera, Carolina Stanley, quien lo haría después de las elecciones de octubre. La medida establece que para obtener el beneficio habrá que tramitar el Certificado Único de Discapacidad (CUD), con criterios distintos y más restrictivos que los que existen ahora para la aprobación de las pensiones por invalidez, enfocados en las posibilidades de trabajar del damnificado cuando se encuentra en condiciones de vulnerabilidad social. Sobre un millón de titulares de este derecho, solo 400 mil poseen el CUD, lo que da cuenta del riesgo de recortes masivos en la cobertura y la limitación hacia adelante para el otorgamiento de nuevas pensiones.

Desde la llegada de Cambiemos al gobierno, la política en esta área ha sido de ajuste y estigmatización de los pensionados, a quienes se los ubicó bajo un manto de sospecha por recibir subsidios que no les corresponderían. El mensaje de las autoridades fue que se trata de un coto de clientelismo político del gobierno anterior, que elevó el universo de personas atendidas desde 350 mil en 2003 a 1 millón 600 mil en 2015, considerando la totalidad de las pensiones no contributivas. Bajo esa mirada, durante la gestión de Stanley se produjeron suspensiones y bajas generalizadas, que rondaron las 100 mil en 2016 y unas 70 mil en el primer semestre de este año, hasta que la difusión pública de los casos desató un escándalo que forzó a Desarrollo Social a frenar las cancelaciones. Pese a la promesa de la ministra y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, de que se restablecerían las prestaciones, hasta el momento eso ha ocurrido solo parcialmente. No hay números oficiales que precisen la cuestión, mientras que estimaciones sindicales señalan que aún quedan más de 100 mil sin reponer, la mayoría del año pasado. Además, se multiplican las denuncias de solicitantes que deben esperar meses y meses hasta la aprobación de su trámite, paralizados por causas burocráticas entre ocho meses y un año como media general.

La decisión política del Gobierno es mantener el torniquete sobre los más necesitados. No hay voluntad real para resolver los expedientes. Por el contrario, la novedad en este tema es el proyecto de resolución que apunta a restringir aún más la distribución de pensiones por invalidez. La iniciativa, ya redactada, aguarda la firma de Stanley, lo que se produciría después de los comicios de octubre. El texto que circula por el Ministerio puso en alerta a especialistas y sindicatos, como la agrupación ATE Pensiones, que viene denunciando los recortes desde principios del año pasado. En el capítulo sobre los requisitos a cumplir para acceder al beneficio, el inciso D exige lo siguiente: “Presentación del Certificado Único de Discapacidad (CUD) o el documento que lo reemplace emitido de conformidad con lo establecido por la ley 22.431 con la intervención de la Junta Médica Evaluadora Interdisciplinaria del Servicio Nacional de Rehabilitación, dependiente del Ministerio de Salud correspondiente a la jurisdicción donde se encuentre domiciliado el solicitante”. El CUD se otorga a personas discapacitadas, mientras que hasta ahora las pensiones por invalidez se autorizan a aquellos que puedan demostrar una disminución en su capacidad laboral, aunque no sean puntualmente discapacitados. Los ejemplos más claros son los citados al comienzo: enfermos de cáncer, HIV, diabetes insulino dependientes, lupus, celiaquía, lumbalgia en porcentajes elevados, entre otras. Son dolencias que dificultan su contratación formal en el mercado de trabajo, pero no están consideradas dentro de los listados oficiales para la obtención del CUD.

Los solicitantes de pensiones por invalidez tramitan hasta ahora un certificado médico oficial ante hospitales públicos, donde se convalida su incapacidad laboral. En lugar de ello, la resolución acota la obtención del CUD a las Juntas Médicas Evaluadoras, muy inferiores en número –en la mayoría de las provincias hay solo una en la capital del distrito–, lo que generará graves demoras para conseguir un turno. Pero, sobre todo, el riesgo es la exclusión de personas disminuidas en su capacidad laboral aunque su trastorno no encuadre en la categoría de discapacitado. En la actualidad hay 1.063.000 pensiones por invalidez, de las cuales 663 mil carecen del CUD. Por otra parte, las evaluaciones actuales de incapacidad laboral tienen carácter permanente, mientras que el CUD hay que renovarlo de manera periódica. En definitiva, son nuevos obstáculos que tienden a afectar la cobertura.

El presupuesto en seguridad social y jubilaciones constituye el principal renglón de gasto público y, por lo tanto, está en la mira del ajuste fiscal que prepara el Gobierno para 2018. El objetivo que se trazó el oficialismo es bajar el déficit primario de 4,2 puntos del PIB proyectados para este año a 3,2 puntos el próximo. Son unos 6000 millones de dólares que el Ministerio de Hacienda apuntará a disminuir de tres fuentes principales: subsidios a los servicios públicos, dando lugar a nuevos tarifazos de luz, gas, agua y transporte; obra pública, supuestamente reemplazando erogaciones del Estado por nuevos convenios de asociación público-privado, donde estos últimos aportarían el financiamiento y luego se irían cobrando en cuotas a medida que finalicen los trabajos, y el gasto social. En este renglón es donde entra la posibilidad de acotar las partidas para pensiones por invalidez, como se desprende de la resolución que espera la firma de Stanley. Junto con ello, existen presiones del FMI y otros organismos internacionales para que se altere la fórmula de movilidad de las jubilaciones, que determina aumentos de haberes en marzo y septiembre de cada año. La intención es incorporar a la fórmula la evolución del Indice de Precios al Consumidor Nacional para morigerar los incrementos de haberes.

Después de las elecciones del domingo, todavía sin resultados oficiales en la provincia de Buenos Aires, el Gobierno considera que ganó espacio político para desplegar con mayor intensidad el programa neoliberal que arrancó en 2015. Es, al mismo tiempo, la condición que le exigen los mercados financieros para seguir alimentando la rueda de la deuda que lo sostiene. En esa dinámica, los sectores vulnerables aparecen otra vez como las primeras víctimas del ajuste mientras que para los ganadores del modelo, como los productores de soja, se confirmó que el año próximo seguirá la reducción de retenciones a la exportación. Es lo que Jim Yong King, presidente del Banco Mundial, y Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, calificaron esta semana como ir por el buen camino.

Fuente: https://www.pagina12.com.ar/57546-pensiones-en-riesgo


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